Por Pablo A. Pirovano
Frente a las voces que se alzan contra el veto presidencial dispuesto sobre la inconstitucional ley que dispuso esta semana retrotraer el valor de las tarifas de las empresas de distribución eléctrica y de gas controladas por el ENARGAS y el ENRE, corresponde traer a consideración la relación entre el usuario y el régimen tarifario que se aplica, o la carga remuneratoria o precio que le impone aquél y que se convierte en el único ingreso con que cuentan las distribuidoras para hacer frente al servicio.
Esto obliga a analizar los eventuales perjuicios a la calidad de vida de los clientes de estas empresas que han sido aludidos por los legisladores que votaron favorablemente la ley. Ello en el marco de la reducida carga tarifaria que tuvo lugar desde el año 2003 al año 2016 y que implicó una material reducción de los ingresos que las empresas distribuidoras destinaron al servicio.
La decisión del Estado Nacional de beneficiar a costa del sistema energético a todos los usuarios con un precio inferior al recomendado y reconocido, debe primar en el análisis de la relación entre el usuario y los eventuales daños que sostiene haber sufrido.
A la luz del contexto tarifario que regía en la Capital Federal y el AMBA, en modo alguno puede pensarse y mucho menos pretenderse que sean las distribuidoras las responsables de prever cualquier aumento extraordinario de demanda y de tomar las medidas necesarias para evitar que tales aumentos afecten al sistema, cuando es justamente la situación tarifaria que dispuso el Estado Nacional la que empujó a los usuarios a un uso desmedido que hacía imposible cualquier estimación razonable de aumento de demanda. El precio era tan bajo durante los años anteriores al reacomodamiento dispuesto por el Gobierno y deliberado en las audiencias públicas, que los usuarios demandaban un consumo tal que llego al uso irresponsable de la energía disponible en el sistema. Ello fundamentalmente por la desproporcionada relación costo/beneficio respecto a los demás precios que debían abonar como parte de la subsistencia.
Es tan cierto lo que expongo que el universo de usuarios de las distribuidoras nacionales en el periodo de tiempo en el que además se quejaban por una deficiente prestación del servicio, pese a ello, consumieron lo mismo o más que en los mismos periodos de años anteriores.
Si a esto le agregamos que son millones de usuarios los que disfrutan de la energía eléctrica y del gas por redes, tanto en Capital Federal como en el AMBA, entonces el resultado es letal para cualquier sistema de distribución.
No cabe duda que las tarifas durante el periodo 2004 a 2016 han sido exageradamente bajas y ello está demostrado por demás con el altísimo nivel de costo fiscal que han debido afrontar los ciudadanos de toda la república nada más para que los que habitan la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, posean un excedente económico que el resto del país no tiene. Era notorio que el usuario abonaba una tarifa infravalorada cuya incidencia en el costo de vida diario se veía cada vez más reducida. Ello porque ante el aumento generalizado de precios y salarios, el usuario de Capital Federal y el AMBA mantuvo durante años un costo fijo tremendamente bajo por el uso del servicio público. Ello significó necesariamente que la incidencia real de la tarifa exigida al usuario de Capital Federal y el AMBA lo beneficiase cada vez más a medida que trascurría el tiempo y aumentaban los valores nominales del resto de los precios y de los salarios. Es decir, el usuario se veía beneficiado en tanto una tarifa congelada representaba cada vez menos sacrificio por la obtención del servicio.
El cobro de una tarifa menor al costo real de llevar adelante el servicio, implicaba necesariamente que parte del patrimonio de las distribuidoras sea retenido por todos y cada uno de los usuarios que gozaban de un servicio mucho más costoso del que efectivamente abonaban.
Debe advertirse que de las facturas surgía de modo evidente que los clientes abonaban por el servicio de suministro eléctrico y de gas entre 3 y 8 veces menos que –a modo de ejemplo- un usuario de la Pcia. de Córdoba o un usuario de la Pcia. de Santa Fe.
Respecto a esto es ilustrativo leer el artículo de LA NACION del 4 de marzo de 2015 titulado “Precios: Capital e Interior, la guerra de las distorsiones” en el que se da cuenta de lo expuesto. Esta problemática, de la que no es ajena a los legisladores, quienes con precisión conocen que la realidad tarifaria es la que apunto y que ello es la causa central de la crisis energética que padece la república y de la cual este gobierno intenta salir.
¿Cuál será el motivo de tamaña diferencia si es que todos los usuarios de la república se encuentran amparados bajo la misma economía nacional, usan la misma moneda, a similares trabajos perciben similar suma de dinero, y las empresas distribuidoras poseen los muy parecidos costos fijos y variables, directos e indirectos?
Es injusto que la ley mida con distinta vara al usuario de Capital Federal y el AMBA. No es justo el reclamo de estos usuarios, quienes pagan por el servicio tanto menos que un usuario de Córdoba o Santa Fe. Mucho menos justo ha sido que los representantes de los usuarios de estas y otras provincias que padecen la misma discriminación, no los hayan defendido en debida forma. Digo esto, porque quienes pagan en definitiva el costo del servicio prestado en Capital Federal y el AMBA son los contribuyentes de todo el país.
El colmo de todo este despropósito se ha de divisar en la relación precio/producto y las quejas de los usuarios sobre el deficiente servicio. Para cualquier persona sería obvio que no es posible llevarse de un supermercado un lomo al precio de tapa de asado y si ello fuera posible, pues no sería razonable protestar porque el lomo es de deficiente calidad. El costo del producto siempre se encuentra directamente relacionado con la calidad del mismo. Lo cual no significa que –en el caso- el servicio no sea prestado, pero sí que, a la hora de evaluarlo haya que tener muy presente las condiciones básicas (económicas y de recursos logísticos y humanos) en la que es prestado.
Ninguna persona puede hacerse el distraído cuando me refiero y relaciono producto con calidad porque a todo productor de bienes y servicios le sucede exactamente lo mismo.
Hago votos sinceros para que todos reflexionemos profundamente sobre el contexto político y económico que es público y notorio y que obtengamos la suficiente ecuanimidad y prudencia de juicio para evitar vernos influenciados por las circunstancias particulares presentadas en cada caso. Seamos conscientes que poseemos control sobre nuestro presupuesto de energía y gas, pero no lo tenemos sobre lo que los gobiernos hacen con nuestros impuestos.
