La discusión sobre la ley de lobby vuelve a poner a la Argentina frente a uno de sus déficits institucionales más persistentes: la dificultad para transparentar cómo se forman las decisiones públicas. En una república, saber quién intenta influir sobre una ley, una resolución, un decreto o una decisión administrativa es tan relevante como conocer el texto final de esa decisión. Porque el verdadero poder está en quien logra escribir, modificar, demorar o bloquear una norma antes de que llegue a la superficie.
En los últimos días, distintas organizaciones de la sociedad civil cuestionaron el proyecto de regulación del lobby. Advirtieron que la iniciativa podría derivar en una forma de “supervisión estatal permanente” sobre organizaciones críticas del Gobierno, y la calificaron como una posible ley de “participación vigilada”. También sostuvieron que la inscripción previa, los reportes periódicos y eventuales sanciones podrían crear barreras burocráticas para organizaciones de la sociedad civil. Esa crítica debe ser escuchada, pero también debe ser examinada con rigor. No todo lo que se presenta como defensa de la participación ciudadana es necesariamente una defensa de la transparencia.
El punto central es otro. La ley -de ser promulgada- no obligará a registrarse a cualquier fundación, asociación civil, ONG, universidad, sindicato, cámara empresaria, entidad profesional o sociedad civil por el solo hecho de existir, opinar, publicar informes, criticar al Gobierno o participar del debate público. Esa lectura es, cuanto menos, exagerada. El disparador legal es la actividad concreta que realiza, más allá de la naturaleza jurídica del sujeto
El proyecto define la actividad de lobby o gestión de intereses como aquella desarrollada por una persona física o jurídica cuyo objeto consiste en influir, por cualquier medio lícito, en el trámite, aprobación, modificación, rechazo o derogación de un dictamen, una ley, un decreto, una resolución, un acto administrativo o una decisión pública. Y define al lobista o gestor de intereses como la persona física o jurídica, nacional o extranjera, que desarrolla esa actividad “a cambio de una remuneración, honorario, o cualquier otro tipo de compensación o beneficio” . Esa frase es decisiva. Es el corazón jurídico del régimen.
Por lo tanto, la ley no regula la mera participación cívica. No regula al ciudadano que envía una nota a un diputado. No regula a una asociación que publica un comunicado. No regula a una fundación que elabora un documento técnico. No regula a una entidad académica que participa en una jornada parlamentaria. No regula al periodista que investiga, pregunta, incomoda o denuncia. Regula a quien gestiona intereses ante funcionarios o legisladores bajo una lógica de representación, incentivo, retribución, compensación, beneficio o estructura organizada de incidencia. ¿Esta mal regular a los profesionales del lobby? La tan mentada transparencia pública debiera ser nobleza que obliga.
Allí se cae buena parte de la objeción. Si una ONG no actúa a cambio de remuneración, honorario, compensación o beneficio para incidir sobre una decisión pública, el régimen no la alcanza. Y sí actúa con financiamiento, beneficio, mandato, representación o compensación vinculada a una campaña de incidencia legislativa o administrativa, entonces la pregunta se invierte: ¿por qué no debería transparentarlo?
El proyecto, además, declara como principios rectores la transparencia de los mecanismos institucionales de toma de decisiones públicas, la igualdad de trato de los distintos intereses legítimos y la libertad para peticionar ante las autoridades . La combinación es correcta. La transparencia es amiga de la petición. La ordena. La igualdad de trato consiste en que todos los intereses legítimos puedan expresarse bajo reglas claras, visibles y auditables.
No se puede confundir transparencia con vigilancia. La vigilancia estatal busca controlar al ciudadano. La transparencia institucional busca que el ciudadano controle cómo se toman las decisiones públicas. Es exactamente lo contrario. En materia de lobby, transparentar significa dejar constancia de quién habla, en representación de quién, con qué objetivo y bajo qué incentivo. Y en el caso de este proyecto de ley, siempre y cuando lo haga a cambio de dinero. Eso no cercena derechos. Evita corrupción.
La cuestión de fondo es si la sociedad argentina está dispuesta a sincerar que el lobby existe. Existe en el Congreso, en los ministerios, en los entes reguladores, en las secretarías, en las provincias, en los municipios y en cada ámbito donde se toman decisiones públicas relevantes. Existe cuando una empresa procura modificar una regla tributaria. Existe cuando una cámara empresaria impulsa una excepción regulatoria. Existe cuando un sindicato presiona por una norma laboral. Existe cuando una fundación promueve una reforma educativa, penal, ambiental o electoral. Existe cuando una organización financiada por terceros intenta condicionar una agenda legislativa. Existe aunque se lo llame incidencia, abogar, asuntos públicos, relaciones institucionales o participación ciudadana. Cambiarle el nombre no cambia la sustancia.
Por eso resulta llamativa la intensidad de algunas críticas. No porque las ONG no tengan derecho a cuestionar el proyecto; lo tienen, por supuesto. Ni porque deba presumirse ilicitud en su actuación; no corresponde hacerlo sin prueba concreta. Pero sí porque el argumento de que toda regulación equivale a vigilancia termina siendo funcional a una zona de opacidad. Si una organización no realiza gestión de intereses a cambio de remuneración, honorario, compensación o beneficio, no debería sentirse alcanzada por el núcleo de la obligación. Y si la realiza, entonces debe explicar por qué pretende quedar exceptuada de una regla general de transparencia.
Una ONG puede representar causas valiosas. Puede contribuir al control del poder. Puede aportar evidencia, técnica y legitimidad al debate público. Pero también puede tener financiamiento específico, agendas institucionales, compromisos con donantes, intereses sectoriales o estrategias de incidencia normativa. Nada de eso es ilegítimo. Lo ilegítimo sería pretender que esa incidencia quede fuera del radar ciudadano por el solo hecho de presentarse bajo una etiqueta moralmente prestigiosa.
La transparencia no distingue entre actores simpáticos y antipáticos. No funciona así. Si una cámara empresaria debe declarar que gestiona por determinado interés económico, una fundación que gestiona por determinada agenda institucional también debería hacerlo cuando actúa dentro de los supuestos de la ley. Si un consultor profesional debe informar por cuenta de quién incide, una organización financiada para incidir sobre una política pública concreta también debería transparentar esa actuación.
Esa es la verdadera igualdad republicana, la cual consiste en impedir privilegios de opacidad. No puede consagrarse la regla según la cual algunos actores deben transparentar su influencia y otros quedan liberados por autodefinición ética. La República no se administra por certificados de pureza.
También debe rechazarse otra confusión: registrar una actividad de lobby implica reconocerla como parte del proceso democrático. Esta es una premisa saludable. El lobby no es una patología institucional cuando es lícito, declarado y trazable. La patología aparece cuando opera mediante contactos reservados, beneficios no explicitados, influencias informales y asimetrías de acceso que nadie puede controlar. Actividades en las que los argentinos somos también campeones mundiales.
Una buena ley de lobby debe tener cuatro reglas simples. Primero: todos pueden peticionar. Segundo: nadie debe ocultar por quién gestiona intereses cuando lo hace profesional, remunerada o beneficiadamente. Tercero: las autoridades deben informar las gestiones de interés de las que son objeto. Cuarto: la ciudadanía debe poder conocer los objetivos perseguidos por quienes intentan incidir sobre decisiones públicas. Esa arquitectura profesionaliza la democracia.
La Argentina tiene una larga tradición de decisiones públicas adoptadas bajo presión informal. Luego nos sorprendemos por la mala calidad legislativa, por las normas hechas a medida, por las regulaciones capturadas o por las excepciones inexplicables. Pero esos fenómenos nacen de un ecosistema en el que la influencia opera muchas veces sin trazabilidad. Donde nadie registra, nadie responde. Y donde nadie responde, el privilegio se disfraza de gestión. Y donde el privilegio se disfraza de gestión, la igualdad ante la ley queda reducida a una elegante ficción constitucional.
La ley de lobby no resolverá todos los problemas de integridad pública. Ninguna ley lo hace. Pero puede mejorar el proceso decisorio, reducir zonas oscuras, ordenar el diálogo entre Estado y sociedad civil, y fortalecer la confianza en la deliberación democrática. Para eso debe ser precisa, proporcionada y técnicamente sólida. Pero también debe ser valiente. Porque regular la influencia siempre incomoda a quienes están acostumbrados a ejercerla sin ser vistos.
En definitiva, la ley dice: quien haga lobby en los términos definidos por la norma debe identificarse y transparentar su actividad. El disparador es la actividad de incidencia bajo incentivo, remuneración, compensación o beneficio. Si no hay nada que transparentar, la alarma parece sobreactuada. Y si lo hay, la resistencia deja de ser una defensa de la libertad de expresión para convertirse en una defensa poco confesable de la opacidad.
Quien exige transparencia al Estado debe aceptar transparencia cuando incide sobre el Estado. No hay aquí una cuestión ideológica, sino institucional. La democracia se debilita cuando ciertos actores pretenden influir sin rendir cuentas. Y en una República digna de ese nombre, la influencia puede ser legítima; lo que no puede ser es invisible.
