La Argentina convive con un costo invisible que no figura en los balances públicos pero sí en cada decisión empresaria relevante: la incertidumbre institucional. Cuando las reglas no se cumplen o se tardan en hacerse cumplir, se encarece el crédito, se retrae la inversión y se frena el empleo. Por eso, la Justicia es muchos más que un tema corporativo o sectorial. Es pura infraestructura institucional. Y cuando esa infraestructura falla, el Estado de Derecho se aleja de la vida real.
Este diagnóstico no es nuevo, pero hoy vuelve a adquirir centralidad por razones que exceden la coyuntura local. En 2024 el Premio Nobel de Economía fue otorgado a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson por investigaciones sobre cómo se forman las instituciones y cómo esas instituciones condicionan la prosperidad. Su tesis central, difundida también en Why Nations Fail, es clara: no es la geografía ni la cultura lo que explica la riqueza de las naciones; son las instituciones. Y dentro de “instituciones”, el Estado de Derecho y un sistema judicial previsible son el piso mínimo para que haya inversión sostenida, crédito sano y crecimiento con reglas.
En la Argentina, esto se vive como práctica diaria. Cuando las instituciones fallan, todo ese “precio” se convierte en riesgo. Es una forma de decir que el costo del capital sube, que la tasa implícita de cualquier transacción incorpora contingencias y que el horizonte de negocios se achica.
A que me refiero por anomia judicial
Cuando menciono el concepto de “anomia judicial” me refiero a un patrón: reglas imprevisibles, demoras, decisiones sin datos y baja eficacia correctiva. La anomia se manifiesta cuando todo parece suceder sin consecuencias o con consecuencias retrasadas temporalmente. Cuando la Justicia, como poder del Estado, no logra equilibrar abusos con oportunidad y eficacia. Y en economía, lo que llega tarde muchas veces es inútil.
Ese costo se refleja en tres planos: el primero, es el riesgo país institucional: si el cumplimiento contractual depende de un proceso judicial incierto, el contrato se encarece; se traslada a tasa, garantías, precio y provisiones; el segundo, es el costo operativo: litigios largos implican capital inmovilizado, desgaste directivo, provisiones y pérdida de valor. Una empresa que no puede “cerrar” judicialmente un conflicto opera con un lastre permanente; el tercero, es el costo social: derechos que llegan tarde son derechos que no llegan. Y esa experiencia concreta erosiona la confianza en el sistema y empuja a la informalidad, donde el cumplimiento depende de fuerzas y no de reglas.
La frase que resume todo esto es simple: la anomia judicial es el costo oculto de hacer negocios en la Argentina.
Lo que muestran los datos: confianza que mejora, calidad estructural que no alcanza
El Índice de Confianza en la Justicia (ICJ), elaborado por FORES junto con la Universidad Torcuato Di Tella, alcanzó 52,4 puntos en el segundo semestre de 2025. El número importa porque marca el promedio entre cómo se conduce la ciudadanía cuando es parte de un tema pasible de ser judicializado y cómo perciben a la justicia en sus diferentes roles.
Pero lo verdaderamente importante no es el promedio: es la brecha interna del indicador. El subíndice conductual -la predisposición a recurrir a la Justicia- llega a 74,1, mientras que el subíndice perceptual -la evaluación de eficiencia, imparcialidad, honestidad y rol de control- se ubica en 30,8. De ello se puede concluir que: la ciudadanía si bien está más dispuesta a usar el sistema, todavía no confía en su calidad estructural.
Esta brecha tiene una lectura institucional directa: el sistema se utiliza porque es inevitable -es un servicio monopólico en los hechos-, pero su desempeño percibido no logra acompañar. Y esa falta de confianza estructural se corrige solo con capacidad instalada, reglas de selección y arquitectura institucional coherente.
Primer cuello de botella: vacancias y subrogancias
El primer motor de ineficiencia es la capacidad instalada. FORES lo ha expresado con cifras contundentes: 42% de las fiscalías vacantes, más del 35% de los cargos del Poder Judicial de la Nación sin cubrir, y 305 vacantes (en aumento) en juzgados nacionales y federales, de las cuales 184 permanecían en el Poder Ejecutivo hasta el año pasado sin remisión de pliegos al Senado.
Con ese nivel de vacancia, ningún sistema puede ser rápido, previsible y eficaz. Es, literalmente, pretender jugar un partido de futbol con casi la mitad de los jugadores. Por eso la vacante judicial es un impuesto silencioso: reduce capacidad, aumenta mora y amplifica discrecionalidad.
El problema es que la vacancia multiplica subrogancias y rotación de criterios. Esto produce fenómenos que toda empresa conoce: “expedientes detenidos” durante años y, luego, decisiones “de aterrizaje” dictadas con urgencia por un juez que no condujo el proceso, con cambios bruscos en el riesgo económico del caso. El mensaje para el inversor es devastador: no hay previsibilidad del tiempo ni de la trayectoria decisoria.
Segundo cuello de botella: selección de magistrados y discrecionalidad
El segundo cuello de botella aparece en la puerta de entrada del sistema: la selección de magistrados. Si las vacantes se cubren mal es peor el remedio que la enfermedad. Por eso importa cómo seleccionamos.
En la práctica, la legitimidad de los concursos se erosiona cuando se percibe que la entrevista personal “corrige” todo lo anterior sin parámetros públicos claros. Entonces resulta imprescindible ordenar criterios. La entrevista puede existir, pero no puede convertirse en una caja negra que altere el orden de mérito sin trazabilidad.
La selección debe basarse en criterios objetivos, medibles y verificables, reduciendo márgenes discrecionales. Y, además, debe evolucionar hacia una lógica que el mundo empresario considera obvia: no ponderar tanto currículum acumulativo y tan poco desempeño y liderazgo. En Justicia, como en cualquier organización crítica, hay que evaluar capacidad de conducir equipos, gestionar tiempos, sostener integridad y decidir con fundamentos. En síntesis: hoy seleccionamos jueces por CV y en realidad debemos seleccionar por desempeño.
Tercer cuello de botella: arquitectura institucional y traspaso de competencias a la CABA
El tercer cuello de botella es la arquitectura institucional: el traspaso de competencias de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este tema suele contaminarse con política y corporativismo. Pero el punto es institucional: sostener indefinidamente estructuras transitorias es caro en términos de seguridad jurídica. La autonomía jurisdiccional porteña es un mandato constitucional. Entonces el problema es cómo completarla con transición razonable.
Esta discusión esta sellada: corresponde avanzar y entonces el debate pasa a ser “cómo” implementarlo bien. Y aquí hay tres condiciones operativas que no se pueden eludir: la primera es el diálogo permanente entre las dos jurisdicciones. No una foto, no un comunicado: diálogo sostenido y operativo. La segunda es la coordinación reforzada entre ambos Consejos de la Magistratura —Nación y CABA—, porque el traspaso además de competencia, debe ser también personas, concursos, vacantes, transición y recursos. Si los Consejos no coordinan, el sistema seguirá siendo un caos. Y para que suceda bien debemos tener control. La tercera, es un un repaso preciso de reglas procesales y de competencia para evitar discusiones interminables sobre quién es competente para tal o cual caso. Para el ciudadano y para la empresa, la pregunta básica es: ¿dónde litigo?, ¿qué regla aplica?, ¿cuál es la instancia recursiva?, ¿qué plazo esperable tengo? Sin mapa claro de competencia y reglas transitorias explícitas, no hay previsibilidad.
No hace falta una revolución. Hace falta un plan mínimo, ejecutable y medible. Y aquí el rol del sector privado y de la sociedad civil es decisivo: el Estado cambia cuando la sociedad exige estándares. Si el sector productivo exige reglas para invertir, también debe exigir instituciones que las hagan cumplir. Sin plazos y datos, la Justicia deja de ser servicio y se vuelve incertidumbre. Y si exigimos reglas para invertir, también tenemos que exigir instituciones que las hagan cumplir.
