La evidencia acumulada del mercado del trabajo, demuestra que el problema no radica en los costos asociados al despido sino en la combinación de informalidad estructural, altos costos laborales totales y una enorme imprevisibilidad jurídica.
Mientras la economía argentina atraviesa ciclos de recuperación y caída, el empleo asalariado privado registrado lleva años sin expandirse de manera consistente. El sistema laboral argentino hoy expulsa la formalización en lugar de promoverla: el crecimiento del empleo se da por vías informales, autónomas o de subsistencia.
Desde ya que la informalidad no es exclusiva de Argentina, sino un claro rasgo estructural de la región, en tanto evidencia – aun con distintos indicadores – una reiterancia en toda Latinoamérica.
Es consecuencia de múltiples factores, donde la suma de cargas excesivas al empleador, burocracia, baja productividad, deficiencia de los marcos normativos y sistemas judiciales ineficientes, empuja a millones de personas hacia esquemas laborales que no garantizan derechos mínimos.
Cuando en la práctica, cumplir con la ley se vuelve caro, complejo y riesgoso; e incumplir, en cambio, es simple, barato y frecuente; la informalidad se vuelve la salida natural del sistema.
Las comparaciones estadísticas con otros países, permite avizorar un mejor rendimiento de sistemas que logran un equilibrio adecuado, con costos moderados, reglas claras, topes definidos, incentivos a la formalización y un marco jurídico previsible, capaz de incluir a quienes hoy quedan fuera y de sostener empleo de calidad sin asfixiar a quienes lo generan.
Desde una mera perspectiva estadística, la mejora de los indicadores de empleo registrado, formalidad, y actividad se vincula a un mix que incluye necesariamente:
- Reglas claras y tasadas
- Costos moderados y predecibles,
- Institucionalidad y fiscalización y
- Un régimen que premie la formalidad
Se trata de algún modo de redefinir la carga que debe imponer del concepto “riesgo empresario”, delimitando sus alcances y más importante aún, otorgando previsión.
Y para ello, además de reforma legales, se requiere un trabajo orientado a mitigar el desbalanceo que generan muchos impulsos interpretativos judiciales, rompiendo de algún modo la mirada maniqueísta judicial donde posicionan al empleador como el único sujeto libre del vínculo de trabajo y como “explotador”, a la vez que se dimensiona a la persona trabajador, casi al grado de infrahumano.
El trasfondo, a la postre, se trata de discutir la mirada filosófica sobre la razón de ser del trabajo (que excede el marco de este análisis) que claramente genera una pulsión en muchos interpretadores judiciales, de entender al empleador como el cuco y al trabajador, como la víctima; simplificando un entramado más complejo, que impiden un abordaje eficiente.
Máxime cuando nuestro país ha demostrado un fracaso de las políticas laborales históricas, y se han generado a la vez, pasivos contingentes que resultan desbalanceados con la realidad de nuestro entramado empresario: estancamiento de la generación de empleo privado y altos niveles de informalidad por un lado, y por otro lado, un agravamiento en el factor riesgo empresario, condicionado por el costo total del vínculo laboral, la excesiva carga tributaria general, burocracia y riesgo de litigiosidad futuras.
Frente a este contexto, una reforma laboral no debe limitarse a abaratar despidos. El objetivo debe ser lograr reglas claras que reduzcan la elasticidad interpretativa y la incertidumbre judicial, costos moderados y predecibles que permitan a cualquier empresa anticipar sus obligaciones, una institucionalidad que fiscalice y ordene el mercado para que la informalidad deje de ser la regla, y un esquema que premie la formalidad.
