El 8 de octubre se abrieron los sobres de la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos. Un consorcio ofreció US$ 340,2 millones por el 90% de la empresa que lleva agua y cloacas a más de 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano. Es la primera gran venta de una empresa pública de esta gestión: Intercargo quedó desierta y detrás vienen Belgrano Cargas, los trenes y el sector energético. Por eso lo que se haga con AySA va a fijar el estándar de todo lo que sigue.
No tengo duda que privatizar AySA es una decisión correcta. Que el Estado opere directamente el servicio de agua está demostrado por la experiencia de las últimas dos décadas que es inviable. AySA llega a la venta con una cobertura cercana al 75% en agua y al 64% en cloacas, después de veinte años de transferencias del Tesoro que estudios serios ubican, en conjunto, en torno a dos puntos del producto. Un operador privado idóneo, con capital propio, metas exigibles y un regulador firme, puede hacerlo mucho mejor. Por eso mismo, el éxito de la privatización depende de que quien se quede con la concesión sea, técnica y económicamente, el mejor posible.
En la distribución del agua no hay un mercado. Se trata de un monopolio natural sobre un servicio esencial. El usuario no puede cambiar de proveedor si el servicio empeora o la tarifa se dispara. Lo que lo protege entonces es el contrato y quien lo controla. Argentina ya hizo esta experiencia. La concesión de Aguas Argentinas, en 1993, terminó en 2006 con renegociaciones sucesivas, metas de expansión incumplidas, una rescisión y un laudo arbitral contra el país de más de US$ 400 millones. La lección de entonces sigue vigente, y nos ha demostrado que el precio de venta importa mucho menos que la calidad de las reglas y del control posterior.
Las tarifas que se vienen y el proceso de privatización
El nuevo marco regulatorio, reescrito por el DNU 493/2025, habilita revisiones tarifarias ordinarias y extraordinarias, el corte por falta de pago y una remuneración del capital invertido del 8,9% anual en términos reales. El plan de inversiones del primer quinquenio ronda los US$ 1.940 millones. Todo eso se paga con la tarifa. El subsidio que hasta ahora cubría el Tesoro, es decir, todos los contribuyentes del país, pasa a cubrirlo el usuario del área de concesión. Es una decisión adecuada en términos de equidad federal.
Para el Estado, la ecuación tiene ventajas claras: deja de financiar el déficit de la empresa, cobra el precio y traslada al privado el riesgo operativo y la obligación de invertir. Pero también tiene desafíos. Pasa de operar a regular, que es lo que corresponde, aunque exige un regulador a la altura. Y conserva el riesgo de última instancia porque si el operador fracasa, como el agua no deja de ser un problema del Estado, habrá que volver a intervenir, tal como sucedió en 2006.
Para el usuario, la promesa es más inversión y mejor servicio, pero el riesgo es pagar más sin recibir lo prometido, o pagar costos inflados. Aquí aparece una primera cuestión concreta y resulta ser que, uno de los integrantes del consorcio es, desde 2009, el principal proveedor de los insumos químicos con que AySA potabiliza el agua. Y cuando el proveedor pasa a ser dueño, cada compra se vuelve una operación entre partes relacionadas, y su costo puede terminar en la tarifa. Esta situación ya debiera presentar una alerta.
Una privatización de esta escala solo es legítima si los ciudadanos pueden saber qué se vende, por cuánto vale y a quién. En los tres puntos el proceso muestra déficits.
Primero, el valor. El pliego declara inconveniente toda oferta inferior al piso de la tasación oficial. La tasación es, entonces, la regla con la que se decide. Sin embargo, se mantiene en reserva por una resolución de la agencia a cargo de la venta que no fue publicada en el Boletín Oficial, y se le negó incluso a legisladores de la Comisión Bicameral que la Ley 23.696 creó precisamente para controlar las privatizaciones. Con las ofertas ya abiertas, no hay razón competitiva que justifique el secreto.
Segundo, el comprador. El socio que tendría el 55% es una sociedad neerlandesa con un euro de capital sin pagar, cuya única accionista es una sociedad inglesa con una libra de capital, cuya única accionista es un fondo de Curaçao. Las tres se constituyeron o administran a través del mismo proveedor fiduciario, y en ningún registro de ninguno de los tres países aparece una persona física. El pliego exige que los oferentes declaren ante el Estado quiénes los controlan. Esa declaración si existe, no es pública.
Tercero, el operador. El pliego exige que el operador técnico, que aporta la experiencia, tenga al menos el 15% del consorcio. El grupo brasileño designado para ese rol informó a su regulador bursátil que solo tiene una opción de participar con entre el 15% y el 25%, y que la empresa que efectivamente opera servicios de agua no asume obligación alguna.
Nada de esto prueba por sí mismo una irregularidad. Pero tampoco permite verificar lo esencial: que quien recibe por treinta años un servicio esencial sea una empresa idónea, con dueños identificables, capital real y experiencia comprometida. Ese es el interés de los usuarios, del Estado y también de los inversores serios, que necesitan reglas claras y procesos limpios para competir.
Se dirá que la reserva de la tasación protegía el proceso. Era razonable antes de que se abrieran los sobres; con las ofertas presentadas e inmodificables, el secreto ya no protege la competencia, solo impide el control.
Se dirá que las sociedades en los Países Bajos y en Curaçao son una práctica habitual en las inversiones internacionales. Es cierto, y no son el problema. Lo habitual es que detrás de esas estructuras haya un dueño identificado y un patrimonio que respalde la inversión. El problema entonces es la opacidad.
Se dirá, por último, que el aumento de tarifas corrige un subsidio regresivo que pagaba todo el país. Es verdad, y es una excelente razón para privatizar. Precisamente por eso, el usuario que empieza a pagar el costo real del servicio tiene derecho a saber quién lo presta y en qué condiciones
Entonces, resulta esencial hacer bien la privatización. Publicar la tasación y su metodología. Publicar la identidad de los beneficiarios finales del consorcio, que el Estado ya tiene. Verificar la idoneidad técnica del operador, con participación firme y obligaciones exigibles para la empresa que efectivamente sabe operar sistemas de agua. Verificar la idoneidad económica del comprador, con capital real y no con sociedades de un euro. Implementar reglas claras para las compras a partes relacionadas, con licitación competitiva y control del regulador. Y fortalecer al ente regulador, que es el verdadero garante del usuario durante los próximos treinta años.
La Ley de Acceso a la Información Pública y la propia Ley Bases, que exige que las privatizaciones se rijan por los principios de transparencia, publicidad y gobierno abierto, ofrecen las herramientas. Resta saber si hay decisión de usarlas.
Privatizar AySA es la decisión correcta. Pero la mejor defensa de las privatizaciones es que se hagan con transparencia, ética y control estatal, de modo que la concesión quede en manos de quien pueda demostrar que es idóneo para ejercerla. Si la primera privatización de esta etapa se cierra sin mostrar las cartas, la pregunta que se impone es si ese será el estándar para todas las que vengan. Todavía hay tiempo para que sea al revés.
