Provincia de Buenos Aires: ¿Alcanza con tener un poder para representar a una empresa en juicio?

Una persona (jurídica en el caso) apela una sentencia a través de un apoderado con facultades para actuar en juicio y con el patrocinio de un abogado matriculado en la jurisdicción. Hasta ahí, nada parece estar fuera de regla. Sin embargo, la Cámara decide no tratar el recurso, a consecuencia de su análisis sobre la representación. ¿Qué pasó?  En un reciente fallo de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, volvió a ponerse sobre la mesa una cuestión interesante sobre la representación judicial de las sociedades.

El caso en cuestión es “Fernández, Yesica Soledad c/ Frávega S.A.C.I.E.I. s/ daños y perjuicios” (Expte. SII-37674), resuelto el 2 de septiembre de 2026 por la Sala II de la Cámara. La demandada había apelado una sentencia condenatoria mediante una presentación realizada por su gerente de Asuntos Legales, quien tenía un poder otorgado por la sociedad y actuaba con el patrocinio de un abogado matriculado en la Provincia de Buenos Aires. Al revisar la admisibilidad del recurso, los jueces advirtieron que el gerente carecía de matrícula profesional bonaerense y consideraron que esa circunstancia le impedía actuar como apoderado judicial.

Hay un detalle previo en el expediente que merece atención. El poder del gerente ya había sido acompañado en marzo de 2024 y había sido tenido por parte. No obstante, la cuestión de su habilitación recién fue considerada por la Cámara en julio de 2026, en oportunidad de revisar la admisibilidad del recurso y cuando la apelación llevaba varios meses presentada. Es decir, la personería había sido invocada y aceptada, bastante antes de que el Tribunal formulara la observación.

La Cámara expuso su criterio. Consideró que la designación posterior no alcanzaba para subsanar la irregularidad y declaró mal concedido el recurso, sin examinar los agravios de la demandada.

Para entender la decisión hay que detenerse en los artículos 1 y 92 de la Ley 5177, que regula el ejercicio de la abogacía y la procuración en la Provincia de Buenos Aires. El primero exige estar inscripto en alguno de los colegios departamentales para ejercer la profesión. El segundo contempla la posibilidad de comparecer personalmente en juicio con patrocinio letrado o hacerse representar por un abogado o procurador de la matrícula. La Cámara interpretó que esta última disposición reserva la representación convencional en juicio a quienes cuentan con habilitación profesional en la Provincia.

¿Y por qué no alcanzaba con el patrocinio de un abogado matriculado? El patrocinio letrado y la representación judicial cumplen funciones diferentes. El abogado patrocinante brinda asistencia jurídica y firma los escritos junto con la parte o su representante. El apoderado actúa en nombre de otra persona en virtud de las facultades que recibió. Según el criterio adoptado en Mercedes, (y que no es excepcional en la Provincia) quien asume esa representación debe reunir las condiciones exigidas por la ley, aun cuando las presentaciones también lleven la firma de un abogado habilitado.

Esto nos lleva a otra cuestión que suele generar dudas en la práctica. ¿Qué ocurre con quienes representan a una sociedad por el cargo que ocupan dentro de ella?

La Ley General de Sociedades ayuda a entenderlo. En las sociedades anónimas, el artículo 268 establece que la representación corresponde al presidente del directorio, sin perjuicio de las previsiones estatutarias. El presidente puede presentarse en juicio en nombre de la sociedad, acreditar su cargo y actuar con patrocinio letrado, aunque no sea abogado. Por su parte, el artículo 270 permite designar gerentes generales o especiales y delegarles funciones ejecutivas de administración. Esa designación, por sí sola, no les atribuye la representación orgánica que corresponde al presidente. En las SRL, la situación es idéntica, pero en relación con los socios gerentes, el artículo 157 les reconoce las facultades de representación legal.

Por eso es importante conocer e identificar cómo está organizada cada persona jurídica y determinar quién ejerce, en cada caso, la representación legal y tiene, en consecuencia, facultades indiscutibles para comparecer a juicio en su nombre. Un gerente de Asuntos Legales puede tener un poder amplísimo y estar autorizado para realizar numerosas gestiones por la empresa. Su intervención ante un tribunal, sin embargo, deberá ajustarse también a las reglas procesales y profesionales de la jurisdicción.

Hasta acá, la interpretación de Mercedes encuentra respaldo en la Ley 5177 y en distintos antecedentes jurisprudenciales. Pero ¿es la única lectura posible de esa norma?

En “Viguera, Fernando Mario s/ sucesión ab intestato” (causa 138.113), resuelto el 5 de noviembre de 2024, la Sala I de la Cámara Segunda de La Plata examinó una situación similar, referida a la representación de una persona física en un proceso sucesorio. La mayoría sostuvo que la representación convencional ante los tribunales bonaerenses debía quedar reservada a abogados y procuradores matriculados. El juez López Muro, sin embargo, votó en disidencia y propuso una interpretación diferente del artículo 92.

Según su razonamiento, la norma contempla la posibilidad de hacerse representar por un abogado o procurador, pero no establece expresamente que esas sean las únicas personas a quienes puede otorgarse un mandato judicial. Consideró, por ello, que podía admitirse la representación ejercida por una persona ajena a esas profesiones, siempre que contara con el patrocinio letrado correspondiente.

El planteo resulta interesante si tenemos en cuenta que el Código Civil y Comercial reconoce ampliamente la posibilidad de conferir representación voluntaria. ¿Hasta dónde puede entenderse que la Ley 5177 restringe esa facultad? ¿Es suficiente la redacción del artículo 92 para considerar excluidos a todos los mandatarios que carezcan de matrícula profesional?

La mayoría de la Cámara de La Plata encontró la respuesta en las reglas especiales que rigen la representación procesal y en la facultad de las provincias para regular la actuación ante sus tribunales. López Muro entendió que era posible interpretar ambas legislaciones de manera compatible, respetando la libertad de conferir mandato y las exigencias de asistencia letrada.

La disidencia merece atención porque invita a examinar el alcance de una restricción que tiene consecuencias importantes para quienes intervienen en juicio. La discusión gira alrededor de cómo deben interpretarse las condiciones de representación que establece la legislación provincial y su relación con las reglas generales del mandato.

Volviendo al fallo de Mercedes, el Tribunal entendió que podía revisar de oficio la admisibilidad del recurso y que las actuaciones previas no impedían examinar la habilitación de quien lo había interpuesto. De todos modos, de la sentencia no surge que el juzgado hubiera dictado anteriormente una resolución expresa convalidando esa representación, aunque podemos presumirla. Esa circunstancia es importante al analizar el alcance de la preclusión y la posibilidad de corregir el defecto.

En este punto conviene recordar que el tratamiento de las irregularidades de personería depende de su naturaleza. La falta de documentación que acredita facultades existentes puede admitir una solución procesal diferente de aquella que corresponde cuando se cuestiona la habilitación de quien realizó el acto.

También debe tenerse presente la gestión procesal prevista en el artículo 48 del CPCC bonaerense, que permite actuar excepcionalmente en casos urgentes y regularizar posteriormente la personería, siempre que se cumplan los requisitos y plazos establecidos. Su aplicación requiere especial cuidado, particularmente cuando el problema excede la acreditación documental de la representación.

El tema tiene especial importancia práctica para las empresas y los estudios que las representan o patrocinan. Es habitual que los departamentos legales concentren la gestión de los juicios y que sus integrantes reciban poderes amplios para actuar en nombre de las sociedades, sin estar matriculados en todas las jurisdicciones en donde luego es requerida su actuación.

El criterio de la Sala II de Mercedes cuenta con fundamentos normativos y antecedentes que lo respaldan, aunque la disidencia de La Plata demuestra que el alcance del artículo 92 todavía puede ser objeto de discusión. En ese escenario, parece prudente que las sociedades que intervengan en procesos civiles y comerciales bonaerenses comparezcan a través de sus representantes legales, con patrocinio letrado, o mediante apoderados abogados o procuradores matriculados en la Provincia.

El caso deja una advertencia útil para la práctica diaria. Al preparar una presentación judicial solemos revisar las facultades del poder, su vigencia y la documentación que lo acompaña. Vale la pena prestar la misma atención a la persona que va a ejercerlo. En este expediente, el cuestionamiento apareció cuando el proceso ya había avanzado considerablemente y terminó dejando a la demandada sin la posibilidad de que la Cámara revisara sus agravios. Una consecuencia suficientemente importante como para revisar estas cuestiones antes de que sea tarde.