La AFA, la Corte y una regla elemental de la República

El 5 de noviembre la Corte Suprema dejó sin efecto, por arbitraria, la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que había tenido por cancelada la inscripción de la Asociación del Fútbol Argentino ante la Inspección General de Justicia. Aunque la noticia sea la AFA, la doctrina vale para todos, ya que nadie se libera de su controlador por decisión propia.

Los hechos son conocidos; la AFA resolvió trasladar su domicilio de la Ciudad a la Provincia de Buenos Aires y obtuvo su inscripción ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. La IGJ, previa inspección para constatar si la nueva sede existía y funcionaba realmente, denegó la reforma estatutaria y, en consecuencia, la cancelación de la inscripción en su registro. Sobre esa base, el Ministerio de Justicia dispuso una veeduría por 180 días hábiles. La Cámara anuló ambos actos: entendió que, inscripta la entidad en la provincia, la IGJ había perdido toda competencia, y que sostener lo contrario suponía un doble control estatal sobre la misma persona jurídica.

La Corte desarmó ese razonamiento en dos planos.

El primero es quién revisa. La ley 22.315 dispone que las resoluciones de la IGJ referidas a asociaciones civiles se apelan ante la Cámara Nacional en lo Civil. Pero desde el precedente “Levinas”, que equiparó al Tribunal Superior de Justicia porteño con los superiores tribunales de provincia, cabía preguntarse si ese tribunal debía interponerse entre la Cámara y la Corte. La respuesta es no, y el fundamento es impecable: si el TSJ fue equiparado a las cortes provinciales, no puede tener más competencias que ellas. Y ninguna corte provincial revisa actos de una autoridad nacional.

La IGJ sigue siendo una autoridad nacional, mientras la transferencia del registro a la Ciudad no se complete. Es que el organismo creado por ley porteña aguarda todavía los convenios que lo pongan en funcionamiento. Rosatti lo explica bien en su voto concurrente.

La sentencia viene a delimitar lo resuelto por la Corte en el caso “Levinas”. El federalismo no consiste en mezclar jurisdicciones, sino en respetarlas. La Ciudad merece toda la protección constitucional que le corresponde; precisamente por eso debe ser tratada como las provincias, no dotada de competencias que ninguna provincia tiene.

El segundo plano es más importante y viene a definir cuándo produce efectos el cambio de domicilio. La Cámara razonó como si hubiera que elegir entre dos controladores simultáneos. La Corte calificó ese argumento de falaz. No existe, ni puede existir, fiscalización concomitante. Es que lo que realmente existe es un encadenamiento sucesivo de competencias, sin superposición temporal, toda vez que primero debe concluir la jurisdicción de origen, para después recién comenzar la nueva. La normativa de la IGJ lo prevé expresamente. El organismo siempre debe aprobar la reforma y cancelar la autorización para funcionar, pero previa verificación del cumplimiento de las obligaciones registrales pendientes. Mientras esa cancelación no se produzca, la entidad sigue sometida al órgano de origen.

Hay un dato del expediente que la Cámara omitió por completo y que, por sí solo, desmoronó su tesis. La propia Dirección Provincial, al inscribir el cambio de domicilio, dispuso no inscribir ningún otro acto hasta que se acreditara la cancelación en la jurisdicción de origen. Es decir que, la autoridad provincial entendía la secuencia exactamente como la IGJ.

La Corte también descalificó otra afirmación del fallo, cual es que la IGJ se había alzado contra una decisión judicial previa sobre una asamblea de la AFA. Y puntualizó que se trataba de una cuestión distinta. La resolución anulada no se fundaba en esa asamblea, sino en las inconsistencias del traslado, que la IGJ consideró un posible refugio del fraude.

Nada de esto es nuevo. Cuando Oil Combustibles intentó concursarse en Comodoro Rivadavia con un traslado de domicilio iniciado pero no concluido, la Corte resolvió que el concurso debía tramitar en la Capital, porque la inscripción ante la IGJ seguía vigente; y un año después anuló la apertura dictada por el juez chubutense. Lo reiteró en 2021 diciendo que, mientras no se cancele la inscripción ante la IGJ, la sociedad sigue sujeta a ese organismo. La regla no se inventó para la AFA, mal que le pese a esta entidad.

Las reglas registrales determinan quién fiscaliza, ante quién se reclama y qué juez revisa a la Administración. Constituyen la infraestructura de la seguridad jurídica. Si bastara una inscripción en otra jurisdicción para abandonar al controlador anterior, el domicilio dejaría de ser un atributo de la persona jurídica para convertirse en un instrumento de selección del controlador y del juez.

Ahora bien; la Corte no convalidó todo lo actuado por la IGJ, ya que no juzgó la validez de la inscripción provincial ni si hubo fraude, ni decidió si la IGJ puede verificar la realidad de una sede situada fuera de su jurisdicción. Se limitó a anular la sentencia por omitir cuestiones decisivas y ordenó dictar otra. Ese límite también es valioso, ya que implica reafirmar que los jueces controlan siempre dentro de su competencia, igual que los organismos administrativos y que quienes están sometidos a ellos.

Tampoco hay aquí un cheque en blanco para el organismo de origen. Si la IGJ retuviera indebidamente una cancelación, la AFA dispone de las vías recursivas que la ley prevé, y las ha usado. Una vez cancelada la inscripción, tendrá las de la nueva jurisdicción. Lo que no tiene es la facultad de declarar, por sí, cuándo una autoridad deja de serlo respecto de ella.

El Estado de Derecho se prueba menos cuando las reglas se aplican a quienes carecen de poder que cuando deben aplicarse a quienes lo tienen. Y en el caso quedó claro que la capacidad económica, política o simbólica de una organización no permite alterar el sistema de competencias.