La Corte Suprema y el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral: una nueva señal en el debate judicial

El reciente pronunciamiento de la Corte Suprema, del 5 de noviembre de 2026, en autos “Cabana Opanasiuk c/ Unir S.A.”, incorpora un elemento de indudable relevancia al debate sobre la actualización de créditos laborales y aplicación de la nueva normativa a los procesos en trámite.

Al dejar sin efecto pronunciamientos que habían prescindido de la legislación sobreviniente, el Máximo Tribunal reafirma la necesidad de considerar el nuevo marco normativo al momento de resolver.

Sin embargo, corresponde evitar interpretaciones apresuradas: la Corte no ha convalidado definitivamente la constitucionalidad del artículo 55 ni clausurado la discusión sobre su alcance.

Desde la perspectiva empresaria, considero positiva esta señal hacia una mayor previsibilidad jurídica, particularmente frente a mecanismos de actualización que pueden generar pasivos laborales de difícil estimación.

Pero también entiendo que la seguridad jurídica exige criterios judiciales uniformes, razonables y respetuosos de las garantías constitucionales de ambas partes.

La reforma legislativa no ha puesto fin al debate judicial. Por el contrario, ha abierto una nueva etapa en la que será fundamental observar cómo reaccionan las distintas Salas de la Cámara Nacional del Trabajo frente a estas directivas de la Corte.

La verdadera eficacia de la reforma dependerá, en buena medida, de la interpretación que finalmente consoliden nuestros tribunales.